El exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, consideró este jueves que uno de los principales retos del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, será contribuir a que los procesos por corrupción administrativa concluyan con sentencias definitivas.
Castillo valoró positivamente la nueva composición del alto tribunal, pero advirtió que los retrasos en los casos de corrupción y la ausencia de sanciones firmes contra funcionarios y dirigentes políticos han generado frustración y desconfianza en la población.
El dirigente político sostuvo que durante los últimos 30 años el sistema judicial no ha logrado que funcionarios o políticos cumplan condenas definitivas por corrupción administrativa, una afirmación que planteó como parte de sus críticas al funcionamiento de la justicia.
«El Ministerio Público somete los casos, se estremece la opinión pública en diferentes coyunturas, se ordena prisión preventiva contra exfuncionarios y, con el paso del tiempo, una vez obtienen la libertad bajo fianza, se eternizan los procesos y terminan en impunidad judicial«, expresó.
A su juicio, la prolongación de los expedientes reduce la confianza ciudadana en la capacidad de los tribunales para sancionar la corrupción.
Castillo también sostuvo que la falta de sentencias definitivas puede favorecer la repetición de estas prácticas en distintas administraciones públicas.
«Sin sentencias condenatorias a funcionarios públicos en materia de corrupción administrativa, la impunidad judicial se constituye en el mayor estímulo para que esa práctica se repita en cada gobierno», afirmó.
Procesos que acumulan años en los tribunales
El reclamo se produce mientras varios expedientes de corrupción administrativa continúan pendientes de decisiones definitivas.
Entre ellos figuran los casos que involucra al exprocurador de la República, al exministro de Hacienda, a los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial y de Cestur, y a los hermanos del expresidente Danilo Medina, iniciados durante los últimos años y que han registrado aplazamientos y controversias procesales.
En agosto, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a siete años de prisión a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y dictó otras siete condenas en el caso Antipulpo.
Sin embargo, la sentencia fue recurrida tanto por el Ministerio Público como por los imputados, por lo que todavía no ha adquirido firmeza.
El proceso de apelación también ha registrado aplazamientos y tiene una nueva audiencia prevista para el 24 de noviembre.
Otros expedientes, como Medusa, que tiene entre sus principales acusados al exprocurador Jean Alain Rodríguez, han acumulado años de procedimientos e incidentes judiciales.
Nueva dirección de la Suprema Corte
Las declaraciones de Castillo se producen tres días después de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligiera por unanimidad a Justiniano Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia, en sustitución de Luis Henry Molina.
El organismo también seleccionó a seis nuevos magistrados para completar las vacantes del tribunal.
Los jueces serán juramentados el próximo martes 10 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio Nacional, y tomarán posesión ese mismo día.
La Suprema Corte encabeza el Poder Judicial y conoce los recursos y asuntos que le atribuyen la Constitución y las leyes. Los procesos penales por corrupción se desarrollan inicialmente en los tribunales competentes, por lo que su agilización también depende de otras instancias judiciales y de las actuaciones de las partes.
Castillo considera que la nueva dirección del Poder Judicial debe priorizar la reducción de los retrasos y contribuir a que los expedientes de corrupción concluyan con decisiones judiciales definitivas.
Fuente: Política
