Aunque el desempeño del sistema de justicia de la República Dominicana no representa un obstáculo ni tampoco supone una ventaja competitiva para la decisión de empresarios de invertir en el país, en ocasiones su funcionamiento genera efectos regresivos, al perjudicar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los negocios del interior del territorio.
Es poco común que las empresas eviten, posterguen o retiren sus inversiones en el país como resultado del funcionamiento del sistema judicial. Sin embargo, al momento de litigar, los costos pueden representar una carga proporcionalmente mayor para los negocios pequeños que para las grandes corporaciones que realizan transacciones de gran magnitud.
Así lo establece el estudio “Análisis Económico de la Justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana”, elaborado por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en el cual se recogen testimonios y valoraciones de profesionales del derecho en diferentes áreas.
Desde la perspectiva de los entrevistados, el sistema de justicia parece operar de forma relativamente neutral para buena parte de los negocios, afirmando que la salida de inversiones por motivos judiciales es poco común, mientras que dos de los consultados añadieron que, al elegir entre destinos de la región, factores como el costo de la energía o el laboral pesan más que el desempeño judicial.
No obstante, el estudio recoge algunos casos aislados de empresas que se retiraron o dejaron de invertir tras procesos tributarios o administrativos que no lograron resolver y clientes del sector construcción que se retiraron tras involucrarse en procesos judiciales prolongados.
Cita el caso de una firma con experiencia litigando en la provincia de Puerto Plata y en Higüey, que comentó sobre la previsibilidad de los fallos en esas localidades: de un caso en la primera demarcación dijo que “lo van a decidir con una moneda”, y de la ciudad del este respondió que “según cómo yo tire la moneda al aire, así cae el caso”.
Es una observación relevante si se considera que se trata de dos de los principales polos turísticos del país, donde la previsibilidad jurídica reviste especial importancia para sostener la inversión, advierte.
El costo de litigar
Sobre las pymes, la investigación de ANJE y la ENJ señala que el problema comienza por el costo mismo de litigar. Al menos cuatro firmas aportaron cifras que ilustran cómo el costo de litigar, como porcentaje del monto en disputa, tiende a disminuir a medida que aumenta el valor del caso.
Un entrevistado estimó los honorarios en alrededor de 10 % en un caso de 1 millón de dólares y de 3 % en otro de 100 millones, mientras que en casos pequeños puede llegar hasta 10 %, frente a 1.5 % en los mayores.
Para los consultados, más determinante aún es el factor tiempo: mientras que una empresa grande puede sostener un litigio de varios años sin comprometer su operación, e incluso asumir en materia laboral el riesgo de un despido disciplinario (el que se hace para dar una señal de autoridad ante el resto del personal), la pyme suele tener menor capacidad de resistencia financiera, situación que se agrava por la acumulación de mora e intereses mientras el caso permanece sin resolver.
Un entrevistado lo resumió así: desde el punto de vista de los negocios pequeños “no es un sistema aliado”, recoge el estudio.
Para los clientes que tienen menor capacidad de sostener litigios largos el arbitraje podría constituir una alternativa más ágil, pero rara vez sus contratos incluyen cláusulas de este tipo, a veces por desconocimiento y otras porque, como es un mecanismo considerablemente más costoso, añade la investigación, en la que se advierte que la ausencia de una vía accesible para resolver disputas económicas pequeñas puede derivar en conflictos que se resuelven por vías informales, incluyendo la violencia.
Fuente: Economía
