Mons. José Domingo Ulloa en la presentación del informe de la Comisión de Transparencia. Crédito: Arquidiócesis de Panamá.
El Arzobispo de Panamá, Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, aseguró que “ante el abuso no podemos guardar silencio”, durante la presentación del informe de Valoración de la Gestión Institucional (VGI) en casos de abuso sexual de menores y personas vulnerables en la Arquidiócesis de Panamá entre 2001 y 2025.
El informe de la Comisión de Transparencia (CT), un proyecto piloto y el primero de un grupo interdisciplinar de expertos independientes en la gestión y prevención de abusos en ámbitos eclesiales, se presentó este martes 22 de septiembre en el Auditorio de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) en la Ciudad de Panamá.
En su intervención durante la presentación, Mons. Ulloa resaltó que “ya se ha dicho aquí y lo sabemos. Nuestra cultura panameña muchas veces es de guardar silencio, pero ante el abuso no podemos guardar silencio”.
“Queremos escuchar, queremos recibir cada denuncia con seriedad, con respeto (…) confidencialidad, protegiendo a las personas involucradas y actuando conforme a los procedimientos establecidos”, añadió.
El prelado explicó que la arquidiócesis que dirige “mantiene la disposición de poner en conocimiento de las autoridades civiles competentes las denuncias que correspondan de acuerdo a la legislación vigente” y reconoció que es necesario preguntarse qué se tiene que hacer mejor para seguir adelante en la prevención de abusos.
“Una cultura de protección no se construye solamente con normas escritas, se construye cuando cada sacerdote, religioso, agente de pastoral, colaborador y miembro de nuestras comunidades comprende que proteger a los menores y a las personas vulnerables es una responsabilidad permanente y compartida”, subrayó el arzobispo.
Pedido de perdón a las víctimas
El prelado también se dirigió “de manera especial a las víctimas y sobrevivientes. Nos duele profundamente el sufrimiento que han vivido”.
“Nos duele saber que quienes debieron encontrar en la Iglesia un espacio de acogida, de cuidado y de confianza hayan experimentado situaciones que les han causado heridas tan profundas”, continuó.
Mons. Ulloa resaltó que “allí donde miembros de nuestra Iglesia causaron daño, allí donde nuestra respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar, pedimos perdón en nombre de la Iglesia”.
El arzobispo precisó asimismo que “en este período de 25 años, y lo quiero señalar especialmente ante los medios, más de 18 sacerdotes han sido separados del ministerio sacerdotal por situaciones relacionadas con el sexto mandamiento, contra el patrimonio o por otras realidades que han vivido”.
La Comisión de Transparencia
Según señala su sitio web, la CT fue creada con el propósito de realizar VGI “de manera holística, profesional, independiente y rigurosa, en casos de abuso a menores y personas en situación de vulnerabilidad dentro de la Iglesia”; y está financiada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, en Indiana (Estados Unidos), y por la Universidad Villanueva, en Madrid (España).
“Este grupo de expertos centra su trabajo en lugares donde las crisis relacionadas con el abuso eclesial aún no se han producido o no han salido a la luz pública”, resalta la web de la CT.
El informe señala que en los casos de abusos sexuales, la VGI “debe situar a las víctimas en el centro del análisis, pues la forma en que la institución protege sus derechos, atiende sus necesidades y favorece su reparación constituye el principal criterio para valorar la calidad de la respuesta ofrecida”.
La CT está conformada por 17 personas bajo la coordinación del P. Jordi Pujol, abogado y doctor en Teología Moral; profesor de Derecho y Ética de la Comunicación en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma (Italia).
Algunos de sus miembros son el P. Thomas Berg, profesor e investigador en el McGrath Institute for Church Life en la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos); Yago de la Cierva, profesor de Comunicación Preventiva y de Crisis en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz; e Irma Patricia Espinosa, doctora en Psiquiatría, miembro del Consejo Nacional de Protección de Menores de la Conferencia del Episcopado Mexicano, directora académica y socia fundadora de CEPROME Latinoamérica, y miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores desde 2022.
También son parte de la CT María Inés Franck, profesora de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Católica de Argentina y miembro del Consejo Pastoral para la Protección de los Menores de la Conferencia Episcopal Argentina; Mons. John Paul Kimes, profesor de Derecho Canónico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos); y el P. Daniel Portillo, decano de la Facultad de Psicología en la Universidad Católica Lumen Gentium (México). Es director y miembro fundador de CEPROME Latinoamérica.
El informe de Panamá
El origen del informe se remonta a octubre de 2025, cuando el Arzobispo de Panamá solicitó a la CT una valoración de la gestión institucional “por iniciativa propia, sin que mediara mandato judicial ni requerimiento de la Santa Sede”.
La comisión indicó que aceptó el encargo con tres condiciones: acceso pleno a la información, independencia total en la investigación y compromiso de publicar los resultados. La arquidiócesis no intervino y sólo conoció el informe días antes de su presentación.
La CT asegura que trabajó con independencia económica: sus miembros no recibieron remuneración de la arquidiócesis, y los costos fueron asumidos por la Notre Dame Law School, y la Fundación Universidad Villanueva. La arquidiócesis sólo cubrió el transporte, el alojamiento y facilitó espacios de trabajo.
La comisión informó que en el periodo estudiado, la arquidiócesis recibió 37 denuncias, de las cuales analizó 24 y las otras 13 quedaron fuera del análisis “por referirse a hechos ocurridos fuera del territorio de la Arquidiócesis o del periodo examinado, o porque no correspondían a abusos contra menores o personas vulnerables”.
El informe revela que la gestión de los casos mejoró a partir de dos iniciativas de la arquidiócesis: la aprobación en 2015 de las líneas guía y la creación en 2024 de la Pastoral de Cuidado y Prevención y de la Oficina de Escucha.
El informe identifica cinco ámbitos que deben mejorarse: La escucha y el acompañamiento a las víctimas; el registro de la información, la prevención, la justicia para las víctimas y la reparación.
“Reparar exige reconocer el daño, asumir las responsabilidades personales e institucionales, y responder a las necesidades físicas, psicológicas, morales, espirituales y sociales de cada víctima”, subraya la comisión.
Proyecto piloto
En un apartado de preguntas y respuestas sobre el informe, la CT explica que este trabajo es un proyecto piloto porque “es la primera vez que se aplica una metodología integral que puede replicarse en otras diócesis u organizaciones eclesiales”.
“Este primer proyecto ha permitido testear una metodología y un sistema de trabajo, basados en la escucha profesional, la investigación en los archivos, la elaboración de entrevistas a diversos públicos de interés, y el análisis mediático y del contexto sociocultural del país”, añade.
La CT precisa además que la metodología de trabajo apunta a “poner a las víctimas en el centro, protegiendo sus derechos; y garantizar el debido proceso de los denunciados”, con un claro criterio de prudencia para evitar “revictimizar a una víctima o culpar a un inocente”.
La Comisión de Transparencia también destaca que “el Vaticano ha sido informado en todo momento del avance de los trabajos, tanto la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores como la Pontificia Comisión para América Latina conocen el trabajo de la CT. Además, algunos miembros de la comisión trabajan o han trabajado tanto en la PCTM como en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe”.
La CT concluye precisando que cualquier persona que haya sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia puede acudir, cuando lo desee, a la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis de Panamá (Gerardo Guerrel, C: 6667-7879) y denunciar ante el Ministerio Público.
Fuente: www.aciprensa.com