En la mañana del lunes 5 de octubre, miembros del Área de Discapacidad de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación.
El encuentro convocó al Secretario General del Episcopado, Mons. Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el P. Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Bayá Casal, coordinadora del Área de Discapacidad.
Por parte del Ministerio de Salud de la Nación asistieron Roberto Olivieri, titular de la Unidad Gabinete de Asesores; Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa; y Roberto Moro, secretario de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).
La reunión se enmarca en el contexto de las dificultades que atraviesan muchas familias e instituciones que asisten a discapacitados, realidad que estará en la agenda del Papa León XIV el próximo noviembre durante su recorrido por Argentina, ya que visitará el Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole.
Durante el encuentro, los referentes eclesiales presentaron un documento con inquietudes y propuestas destinadas a mejorar la situación del sector de discapacidad, que fue recibido por las autoridades del Ministerio para su análisis.
Entre los argumentos presentados por la Iglesia, se destaca que las personas con discapacidad y quienes las acompañan “deben estar en el centro de nuestra atención y de nuestros mayores esfuerzos”.
La reunión, reconocen desde el episcopado, “se desarrolló en un clima de diálogo respetuoso y constructivo” y fue ocasión para conformar una mesa de trabajo que permitirá “dar continuidad al intercambio y avanzar progresivamente en la búsqueda de respuestas y soluciones a las distintas problemáticas que atraviesa el sector”.
¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad en Argentina?
En el último tiempo, la situación de las personas con discapacidad y las instituciones que se dedican a su atención vienen sufriendo las consecuencias de una gran crisis presupuestaria.
En marzo de 2026, la Obra de Don Orione —cuya sede visitará el Papa— advirtió estar atravesando una situación de “extrema gravedad” debido a una serie de factores entre los que enumeraron aranceles desfasados, la inflación y la interrupción de la cadena de pagos que recibían del Estado.
En abril de este año, el Ministerio de Salud de la Nación propuso una reunión con referentes de la Iglesia Católica, respondiendo a una carta enviada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina ante la grave situación de las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad.
En aquella reunión, los representantes del Ministerio se comprometieron a regularizar, en el transcurso del mes de abril, las deudas con las obras destinadas a la atención de personas con discapacidad. Asimismo, los participantes acordaron establecer un canal de diálogo permanente con el objetivo de avanzar en la renovación y el fortalecimiento de los convenios existentes.
La propuesta del gobierno de Milei
A mediados de septiembre, el Gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2027, que incluye una reforma estructural al sistema de prestaciones para personas con discapacidad, eliminando los aranceles únicos y obligatorios del sector.
La propuesta desregula el Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que las obras sociales y prepagas ya no tendrán valores de referencia universales para financiar tratamientos.
Además, la iniciativa modifica el esquema de pensiones no contributivas (ayudas económicas otorgadas por el Estado a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con aportes previsionales ni trabajo formal) y establece que el Certificado Único de Discapacidad no garantizará el acceso al beneficio. La norma fija también que el cobro de esta prestación será incompatible con cualquier empleo registrado o monotributo.
Por su parte, el Programa Incluir Salud, cobertura de salud con la que cuentan las personas beneficiarias de las prestaciones por invalidez laboral, muestra en el Presupuesto 2027 un recorte del 13,9% respecto de 2026 y de un 19% respecto de 2023, según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Por otro lado, según el proyecto, la actualización de aranceles públicos pasará a ser trimestral y estará a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dejando sin efecto el ajuste automático mensual vigente.
El anuncio generó repercusiones y críticas, por lo que el 22 de septiembre pasado, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró en conferencia de prensa que “las personas con discapacidad son prioridad para el gobierno nacional”.
En ese sentido, buscó transmitir tranquilidad a las familias de las personas con discapacidad afirmando: “Podemos ver en el Presupuesto 2027 que no hay ningún riesgo de que las personas con discapacidad pierdan el beneficio”.
“El mensaje para las familias de las personas con discapacidad es que se queden tranquilas, que no van a perder el beneficio mientras Javier Milei sea Presidente, que los valores por lo menos se van a actualizar por inflación, por lo menos; y que no deberían preocuparse”, expuso el portavoz.
La respuesta de la Iglesia en Argentina
En medio del debate por el Presupuesto 2027, el Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social reclamó respuestas que garanticen la continuidad de tratamientos, terapias, apoyos e insumos, y advirtió que su acceso no puede quedar condicionado a la capacidad económica de cada familia.
En un documento titulado «La fragilidad que nos humaniza», sostuvo que las decisiones públicas sobre discapacidad deben contemplar no solo criterios fiscales, sino también su impacto en la vida y la dignidad de las personas.
El organismo eclesial también destacó el significado de la próxima visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, como un gesto que pone en el centro a las personas con discapacidad y llama a reconsiderar la manera en que la sociedad aborda la fragilidad, al poner de manifiesto que “cada vida posee una dignidad única e irrenunciable”.
Finalmente, pidió que en el debate de las políticas públicas sea escuchada “la voz de las propias personas con discapacidad, de sus familias, de los profesionales y de las instituciones que cotidianamente sostienen esta realidad”.
Ante las repercusiones generadas por los anuncios, el gobierno volvió a abrir el diálogo con la Iglesia, al tiempo que impulsó un proyecto alternativo para corregir quitas presupuestarias, buscando transformar las garantías de la emergencia en un régimen regulatorio permanente.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados albergará el próximo 15 de octubre una sesión especial convocada por sectores de la oposición para, entre otros temas, insistir en la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad, puesta en vigencia en febrero de 2026 y cuyo vencimiento es el próximo 31 de diciembre.
Fuente: Religion
