Santo Domingo, DN. La coalición de organizaciones agrupadas en el Foro Interfronterizo para una Mayor Inversión Pública, realizaron una parada cívica frente a la cámara de diputados para expresar su preocupación en torno al Proyecto de Ley de Presupuesto y Gasto Público del año 2017, ya que en el mismo no se refleja la voluntad política de impulsar el desarrollo de las provincias fronterizas.
Las organizaciones llamaron la atención sobre el hecho de que el proyecto de ley no tiene un enfoque territorial para la descentralización de la inversión pública, lo que implica la perpetuación de la desigualdad e inequidad social, así como el agravamiento progresivo de las limitaciones relativas al acceso a servicios públicos básicos que vienen afectando a los ciudadanos que viven en las comunidades de Dajabón, Elías Piña, Jimaní, Bahoruco y Pedernales, que recordemos son las provincias con mayores índices de pobreza y extrema pobreza en República Dominicana.
Pronosticaron que este enfoque en la distribución del presupuesto no contribuye a elevar las condiciones de vida de la población de las provincias fronterizas, lo que tiende a presionar la migración interna hacia el espacio periurbano de las grandes ciudades, lo que trae consigo aumento de las complicaciones para la eficaz gestión de las ciudades, contribuye a la creación de cinturones de pobreza y peor aún, incremento de los riesgos sociales y medio ambientales.
Agregaron que la mayor parte de la inversión está orientada a infraestructuras (sin especificar zonas ni las obras concretas a desarrollar), pero que no se ha prestado suficiente atención a la necesidad de mejorar la calidad de la inversión pública para lograr una mayor eficacia de la política social.
A raíz de este análisis, las organizaciones integrantes del Foro Interfronterizo hicieron un llamado a la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de presupuesto, para que la misma priorice la inversión en las provincias fronterizas para romper la brecha histórica de pobreza que se ha ido creando en ellas, por el olvido de los sucesivos gobiernos en el país, así como la asignación de más recursos para las instituciones públicas que tienen como función, promover el desarrollo y brindar a la población los servicios fundamentales (educación, sanidad, agua, acceso a la justicia, luz, infraestructuras básicas, seguridad, creación de fuentes de empleo, etc.) para una vida digna.