Santo Domingo.- El Gobierno informó ayer de que llegó a un acuerdo con el consorcio encabezado por la brasileña Odebrecht, a cargo de la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), para terminar la obra que se levanta en la provincia Peravia.
Así lo informaron en rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicano de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), Rubén Jiménez Bichara; y el administrador general de la central eléctrica, Jaime Aristy Escuder.
Para garantizar el flujo de recursos a la central se creó un fondo contingente por 336 millones de dólares, «que serán reembolsados para cualquiera de las dos partes tomando como base la sentencia que surja del tribunal de arbitraje», según la
explicación.
Las partes se encuentran en un proceso de arbitraje ya que mientras el Gobierno asegura que el contrato con Odebrecht para la construcción de la termoeléctrica es de 1.945 millones de dólares, la multinacional brasileña asegura que los costos de construcción han elevado esa suma.
En ese sentido, Aristy Escuder ratificó la posición del Gobierno «de no pagar un centavo más sobre el valor contractual» y señaló que esa posición «será defendida por una de las oficinas de abogados más prestigiosas» de Washington y Nueva York, la Foley Hoag
«Lo que hemos hecho es identificar una partida económica que impida la paralización de la obra y que debe ser compensada para una u otra parte con base en una decisión judicial», dijo, por su lado, Jiménez Bichara
Cada desembolso se realizará siempre contra ejecución de la obra y será auditado mensualmente «por una firma auditora de reputación internacional, subrayaron.
«Es decir, se entregarán los pagos a medida que se vaya finalizando la obra, estableciendo penalizaciones adicionales en caso de atraso», agregaron.
El acuerdo permitirá que la primera unidad de la planta comience a operar a finales de 2018 y la segunda en febrero de 2019.
En caso de no cumplir fechas acordadas, se establecen penalidades adicionales de 220.000 dólares por cada día de atraso, pagado por el consorcio constructor al Gobierno.
Este proyecto, cuya licitación estuvo bajo investigación, ha sido criticado por sectores políticos que aseguran que fue sobreevaluado y por grupos que aseguran que afectará al ecosistema y a la salud de las personas de la provincia Peravia, especialmente de la
comunidades cercanas a Punta Catalina y a la ciudad de Baní.
Obra avanza en un 95%
El administrador general de la central eléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, dijo que la construcción de Punta Catalina está 95% de avance.
Para lograr culminar la obra, se creó un fondo contingente por 336 millones de dólares en un convenio acordado entre el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella y el Gobierno, “que no modifica el costo de la obra de 1,945 millones de dólares”. Cada desembolso se realiza contra gasto ejecutado y es auditado.
Los recursos del fondo provienen del Estado dominicano, a través del presupuesto, informó Aristy Escuder.
Agregó que, si el arbitraje favorece al Estado, el consorcio tendrá que pagar los US$336 millones del fondo y quizás alguna otra penalidad que está establecida en el convenio.
“Permitirá que la primera unidad sincronice a finales de este año”, informó.
La inyección de energía será progresiva. El administrador de la planta dijo que en agosto la central estará a toda su capacidad.
Aristy Escuder dijo que el costo de energía producida por Punta Catalina será mucho más bajo que el precio del mercado spot.
Vicepresidente CDEEE reconoce sistema eléctrico pasa por situación difícil
El propio vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, reconoció que el sistema eléctrico es débil.
“En cualquier sistema que esté medianamente bien atendido, la salida de una planta no debería generar toda esta situación”, señala Antonio Almonte, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien agregó que la posibilidad de una fuerte reacción social y hasta empresarial podría ser la razón por la que el Gobierno intenta, incluso a un costo económico muy elevado, resolver el problema.
Almonte compara la crisis eléctrica que se avecina con algunos momentos de grave déficit registrados en los años 90, cuando el gobierno de Joaquín Balaguer reformó leyes para permitir al sector privado generar energía y se trajeron barcazas. La diferencia, apunta, es que ahora sí hay posibilidades de producir energía, pero el costo es demasiado alto. “La situación del sector eléctrico en estos momentos es crítica”, zanja.
Por los daños que entiende que han ocurrido en la planta AES Andres, Almonte explica que la generación a carbón podría retomarse pronto —la generadora ha dicho que será a fines de este mes—, pero que la reparación de un turbina de vapor usualmente demora entre un año y año y medio. AES Andres tiene una capacidad de generación de 315 megavatios y es la que produce la energía más barata de todo el sistema.
Por su parte, Enrique de León, dirigente del Comité contra el Cambio Climático, asegura que la crisis hace que el país marche “hacia un apagón general en diciembre”, y su temor es que la situación eléctrica genere un problema social y de gobernabilidad. Así también cree Almonte.