Las dos nuevas vertientes judicializadas por el Ministerio Público alrededor del Seguro Nacional de Salud (Senasa) han multiplicado los arrestos, allanamientos y expedientes, pero los montos concretamente atribuidos hasta ahora a esas operaciones resultan considerablemente menores frente al impacto económico denunciado en el proceso original encabezado por el exdirector de la institución Santiago Hazim.
El expediente principal sostiene que las irregularidades cometidas durante la gestión de Hazim habrían provocado un impacto de al menos 15,921 millones sobre la aseguradora estatal. La investigación involucra contratos, prestadores, supuestos sobornos, programas especiales y manipulación de información financiera.
En cambio, la Operación Onco14 atribuye específicamente a sus imputados el presunto desvío de 148,660,116 entre 2018 y 2025 desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Tres personas fueron inicialmente sometidas en ese expediente.
La dimensión de Onco14 es más amplia que ese monto: Wilson Camacho, director general de Persecución, ha explicado que el Ministerio Público investiga el manejo de aproximadamente 3,700 millones que el IORC recibió del Senasa. Sin embargo, esa cifra corresponde a recursos bajo investigación y no al dinero que el expediente identifica hasta ahora como efectivamente desviado.
La denominada Senasa 2.0, oficialmente Operación Cobra 2.0-A, presenta una diferencia todavía mayor entre el despliegue procesal y el monto documentado.
- El Ministerio Público sometió inicialmente a 25 personas y el proceso terminó involucrando a 26 imputados, entre ellos 22 médicos. El expediente registra 4,363 autorizaciones para consultas y procedimientos que, según la Pepca, nunca fueron realizados, por 41,125,551.02 entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El caso movilizó allanamientos en distintos puntos del país, cientos de elementos de prueba y una audiencia de coerción que se extendió durante varios días. El tribunal terminó enviando a prisión preventiva a ocho imputados, mientras otros recibieron arresto domiciliario, garantías económicas y otras medidas.
La diferencia de escala
Si se comparan únicamente los montos específicos atribuidos como fraude o desvío en las dos nuevas operaciones, 148.66 millones de Onco14 y 41.13 millones de Cobra 2.0-A suman alrededor de RD$189.8 millones.
Esa cifra equivale aproximadamente al 1.2 % de los 15,921 millones de impacto económico que el Ministerio Público ha asociado al expediente principal de Senasa.
Por separado, el dinero presuntamente desviado en Onco14 representa cerca del 0.93 % del monto del proceso original, mientras que las autorizaciones fraudulentas documentadas en Cobra 2.0-A representan aproximadamente el 0.26 %.
La diferencia también aparece al observar el número de personas procesadas.
La primera fase contra Hazim llevó inicialmente ante los tribunales a diez imputados por un expediente que atribuye un perjuicio cercano a 16,000 millones. Cobra 2.0-A, por 41.1 millones específicamente documentados, terminó involucrando a 26 personas.
La acusación contra Hazim sigue pendiente
El contraste adquiere relevancia porque el expediente principal todavía permanece en la fase preparatoria.
El 4 de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción concedió al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para completar la investigación contra Hazim y los demás procesados inicialmente. El nuevo plazo vence el 11 de diciembre de 2026.
La Pepca justificó la extensión por diligencias todavía pendientes, entre ellas interrogatorios, informes de la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Impuestos Internos, la Contraloría, la Cámara de Cuentas y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Esto significa que, casi diez meses después de la judicialización de la primera Operación Cobra, el Ministerio Público todavía no ha depositado la acusación formal correspondiente a la parte económicamente más significativa del caso.
¿Se está desviando la atención?
Los datos no permiten establecer que Onco14 o Cobra 2.0-A sean operaciones creadas para distraer la atención del expediente de Hazim. Ambas han sido presentadas por el Ministerio Público como líneas derivadas de una investigación mayor y los expedientes contienen imputaciones concretas sobre mecanismos distintos de defraudación.
Cobra 2.0-A, además, ha proporcionado al órgano acusador posibles colaboradores: el Ministerio Público informó que 13 imputados admitieron los hechos atribuidos durante el conocimiento de las medidas de coerción, circunstancia que podría resultar útil para ampliar las investigaciones.
- Mientras Onco14 y Cobra 2.0-A avanzan con medidas de coerción, acuerdos de colaboración y numerosos imputados, el proceso que concentra la mayor cantidad de recursos presuntamente afectados —el correspondiente a la administración de Santiago Hazim— todavía espera el acto conclusivo del Ministerio Público.
Por eso, más que determinar si las nuevas operaciones constituyen una distracción, la principal pregunta pendiente es qué parte de los casi 16,000 millones atribuidos al caso original podrá finalmente sostener el Ministerio Público mediante una acusación formal, contra quiénes y con cuáles pruebas.
La respuesta tendrá que conocerse, conforme al plazo judicial vigente, a más tardar el 11 de diciembre.
Fuente: www.diariolibre.com
