La Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom) reconoció las actuaciones de las autoridades que condujeron al cierre de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra y a la clausura de varios establecimientos comerciales vinculados a inversionistas de esa nacionalidad, tras detectarse irregularidades en el cumplimiento de disposiciones legales que regulan las actividades empresariales en el país.
La organización sostuvo que los resultados de las inspecciones realizadas por distintas instituciones gubernamentales evidencian que no se trata de un único establecimiento con irregularidades, sino de múltiples casos que requieren una fiscalización sistemática para garantizar que todas las empresas, independientemente del origen de su capital, operen bajo las mismas condiciones y obligaciones legales.
Codocom consideró que las actuaciones de las autoridades no deben interpretarse como medidas discriminatorias contra los inversionistas chinos, sino como intervenciones legítimas del Estado dominicano dirigidas a corregir incumplimientos, proteger a los consumidores y evitar ventajas competitivas obtenidas mediante la inobservancia de las regulaciones nacionales.
“La competencia justa exige que todos los participantes del mercado cumplan las mismas reglas. Una empresa que evade permisos, obligaciones laborales, tributarias o requisitos de seguridad puede obtener ventajas económicas indebidas frente a otras que asumen los costos de operar dentro de la legalidad”, expresó la entidad.
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Ante la declaración de la Embajada de la República Popular China, que calificó el cierre de la fábrica como un caso aislado y rechazó que se generalicen señalamientos contra las empresas chinas establecidas en el país la coalición sostuvo que las actuaciones de las instituciones dominicanas comprenden distintos establecimientos y actividades económicas, por lo que el problema de cumplimiento regulatorio no puede reducirse al episodio de una sola fábrica.
Codocom recordó que el aporte de la inversión extranjera al desarrollo económico no debe medirse únicamente por los empleos que genera, sino también por el impacto de las prácticas comerciales irregulares sobre las empresas que cumplen con la ley.
Advirtió que estas distorsiones pueden provocar el cierre de negocios y poner en riesgo miles de empleos formales dominicanos.
Fortalecer actuaciones
“La inversión extranjera es bienvenida, pero debe operar bajo las mismas reglas que las empresas nacionales. Proteger el cumplimiento de la ley también significa defender la estabilidad de los negocios y los empleos de los dominicanos”, enfatizó la coalición.
Exhortó a las instituciones responsables de la supervisión comercial, tributaria, aduanera, laboral, migratoria, ambiental y de edificaciones a fortalecer la coordinación de sus actuaciones para identificar incumplimientos y garantizar que todas las empresas operen conforme a las leyes dominicanas.
Fuente: Economía
