El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó este viernes 6 de noviembre una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante el Congreso Nacional, en medio del procedimiento político abierto en su contra.
En una carta dirigida al presidente del Congreso, Basilio Núñez, el mandatario cuestionó el breve plazo concedido para responder a las acusaciones y advirtió que esta situación compromete las garantías del debido proceso.
Peña explicó que recibió la notificación oficial el jueves 5 de noviembre, a las 22:15 horas, acompañada de un escrito acusatorio de 15 páginas y anexos que suman aproximadamente 300 folios.
El gobernante considera insuficiente disponer de menos de 12 horas para estudiar la documentación, seleccionar un abogado de confianza y presentar las pruebas correspondientes.
«Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho«, sostuvo en la comunicación, que lleva el sello de recepción de la Cámara de Senadores del 6 de noviembre.
En su solicitud, Peña argumentó que cualquier procedimiento del que pueda derivarse una sanción debe respetar las garantías constitucionales, especialmente el derecho a la defensa.
«Sobre esta base, solicito se me conceda una prórroga de setenta y dos (72) horas para el ejercicio de mi defensa», señala el documento.
El mandatario también difundió la carta a través de su cuenta oficial en la red social X, donde cuestionó la premura con la que se pretende desarrollar el procedimiento.
«Eso no es debido proceso«, afirmó, tras reiterar que recibió una extensa documentación con un margen de tiempo que considera insuficiente para responder.
Peña aseguró que está dispuesto a explicar públicamente su posición sobre las acusaciones.
«Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos», escribió.
Añadió que no eludirá su compromiso con la población paraguaya, especialmente en momentos difíciles.
Renuncia sin efecto y juicio político
La nueva solicitud se produce un día después de que Peña presentara su renuncia a la Presidencia, en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera con la que estuvo vinculado.
Sin embargo, su dimisión no llegó a hacerse efectiva porque el Congreso no reunió el quórum necesario para someterla a votación. En consecuencia, Peña permanece formalmente en el cargo mientras continúa el procedimiento de juicio político aprobado por la Cámara de Diputados.
El Senado comenzó a examinar el jueves las acusaciones por presunto mal desempeño de sus funciones. La comparecencia del mandatario estaba prevista para este viernes a las 10:00 de la mañana, según informó el periódico paraguayo La Nación.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, reaccionó a la solicitud de aplazamiento señalando que lo más conveniente sería resolver primero la renuncia presentada por Peña.
«Lo más sano es tratar y liquidar su renuncia«, declaró Núñez, según el citado periódico.
Las acusaciones
La crisis política tiene su origen en la decisión del Banco Central del Paraguay de iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de los niveles mínimos exigidos.
La situación generó preocupación entre millones de clientes de la entidad y por los recursos públicos depositados en ella, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar pensiones de trabajadores paraguayos.
La acusación parlamentaria incluye señalamientos sobre presuntos conflictos de intereses, manipulación regulatoria, manejo irregular de fondos jubilatorios, beneficios patrimoniales indebidos y actuaciones de las autoridades financieras que habrían favorecido al banco
Se trata de acusaciones formuladas por los legisladores y no de responsabilidades judicialmente establecidas. Peña ha negado haber cometido irregularidades y sostiene que vendió sus acciones relacionadas con el grupo empresarial propietario de Ueno en marzo de 2025.
Futuro incierto
El procedimiento se desarrolla bajo el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que permite someter a juicio político a determinadas autoridades por mal desempeño de sus funciones o por delitos cometidos durante el ejercicio del cargo.
- La Cámara de Diputados formula la acusación y el Senado tiene la responsabilidad de juzgar al funcionario y decidir sobre una eventual destitución.
El desenlace también tiene consecuencias para la situación jurídica de Peña: una destitución le impediría conservar los fueros de senador vitalicio que podría mantener si su salida se concretara mediante una renuncia.
Por el momento, la solicitud de 72 horas abre una nueva discusión sobre los plazos del procedimiento. Hasta las primeras horas de este viernes no se había confirmado la concesión de la prórroga ni una decisión definitiva sobre la renuncia presidencial.
La situación mantiene a Paraguay pendiente de las próximas decisiones del Congreso, mientras continúan las reclamaciones de los afectados por la crisis bancaria.
Fuente: Mundo
