El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves 5 de noviembre su renuncia al cargo, en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, una entidad privada con la que mantuvo vínculos empresariales y que recibió importantes inversiones de instituciones públicas durante su administración.
La dimisión se produjo ante la presión de sectores opositores y del propio Partido Colorado, que impulsaban un juicio político contra el mandatario por presuntos conflictos de intereses y responsabilidades en la crisis bancaria.
En un mensaje grabado, Peña explicó que su decisión respondía a la necesidad de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
La crisis se desencadenó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la intervención de Ueno Bank, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la normativa.
La medida provocó la suspensión de las operaciones de la entidad, incluidos sus servicios digitales, tarjetas y sucursales, y dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas.
Millonarios recursos públicos
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la cantidad de recursos estatales depositados en Ueno Bank, particularmente los correspondientes al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar fondos de jubilación y seguridad social.
Según datos difundidos por EFE, el IPS mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad, equivalentes a alrededor del 9 % de su cartera total de inversiones.
Ueno Bank también gestionaba el pago de las pensiones de unos 32,000 jubilados paraguayos.
Además, entre los organismos con recursos depositados en el banco figuraban la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la represa binacional de Itaipú.
La intervención generó interrogantes sobre la seguridad de esos fondos y sobre los mecanismos de supervisión que permitieron la concentración de recursos públicos en una institución cuya situación financiera terminó deteriorándose.
Los vínculos de Peña
La relación empresarial del mandatario con el grupo propietario del banco constituye uno de los principales elementos de la controversia.
Peña fue accionista de Ueno Holding, conglomerado vinculado a la entidad financiera, hasta 2025, cuando se desprendió de sus participaciones en medio de cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses.
Las críticas habían comenzado al menos en octubre de 2024, después de que el IPS adquiriera bonos de Ueno por 250,000 millones de guaraníes, equivalentes entonces a unos 32 millones de dólares, con vencimiento a siete años.
En aquella ocasión, Peña rechazó las publicaciones periodísticas que señalaban posibles irregularidades y las calificó de una campaña mediática engañosa.
El presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, sostuvo entonces que el mandatario no tenía participación directa en el banco, aunque reconoció que era accionista de Ueno Holding.
El juicio político y la pérdida de apoyos
La presión sobre Peña aumentó el miércoles 4 de noviembre, cuando 35 diputados presentaron formalmente una acusación para someterlo a juicio político, junto con el vicepresidente Pedro Alliana.
Los legisladores atribuyeron al mandatario presuntos conflictos de intereses, irregularidades en el manejo de fondos previsionales y responsabilidades políticas por la actuación de las instituciones encargadas de supervisar el sistema bancario.
La acusación también cuestionó el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central, debido a que anteriormente había dirigido Financiera Ueno, antecesora de Ueno Bank.
Según la Cámara de Diputados, los promotores del juicio sostienen que las autoridades conocían los problemas de la entidad y no adoptaron las medidas necesarias para proteger los recursos públicos. Estas acusaciones todavía requieren investigación y no constituyen hechos judicialmente probados.
H. Cámara de Diputados del Paraguay+1
El procedimiento adquirió mayor relevancia cuando el presidente del Congreso, Basilio Núñez, y el expresidente Horacio Cartes, dirigente del Partido Colorado, retiraron su respaldo político a Peña, según Reuters.
La pérdida de apoyo dentro del oficialismo dejó al mandatario en una posición especialmente difícil antes de la votación parlamentaria.
Protestas y detenciones
La intervención bancaria también desencadenó manifestaciones en Asunción, donde numerosos ahorristas reclamaron la devolución de sus depósitos.
Las protestas se extendieron durante el martes y el miércoles. En algunos puntos de la capital se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales, que utilizaron gases lacrimógenos y vehículos hidrantes para impedir el avance hacia el Congreso.
La crisis también abrió una investigación penal contra directivos de Ueno Bank. La Fiscalía ordenó la detención de ocho altos responsables de la institución y las autoridades judiciales dispusieron medidas de inmovilización de activos.
Entre los investigados figura Miguel Vázquez, uno de los principales accionistas y fundadores de la entidad.
¿Qué pasará con los ahorros?
El Banco Central anunció la activación del Fondo de Garantía de Depósitos, que contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante, equivalente a unos 38,622 dólares, según los valores comunicados por las autoridades.
También se anunciaron mecanismos para adelantar parte de los pagos a los clientes afectados.
Las autoridades financieras han insistido en que el problema corresponde a una institución específica y no representa necesariamente una crisis de todo el sistema bancario paraguayo.
La Asociación de Bancos del Paraguay sostuvo que las demás entidades continúan operando y cuentan con niveles adecuados de liquidez y solvencia.
La sucesión presidencial
La renuncia de Peña abre una nueva etapa política en Paraguay, donde el vicepresidente Pedro Alliana es la figura constitucionalmente llamada a suceder al jefe del Estado.
Sin embargo, Alliana también fue incluido en la solicitud de juicio político presentada por los legisladores, quienes cuestionan su presunta actuación frente a las irregularidades del banco.
El vicepresidente había anunciado el 2 de noviembre que suspendía temporalmente sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028, con el propósito de concentrarse en la crisis económica y financiera del país.
La situación plantea interrogantes sobre la continuidad del Gobierno del Partido Colorado, que llegó al poder con Peña en agosto de 2023, y sobre las responsabilidades que puedan establecer las investigaciones financieras y judiciales.
La crisis de Ueno Bank deja así dos asuntos pendientes para Paraguay: determinar las responsabilidades por el deterioro de la entidad y garantizar la recuperación de los ahorros privados y los recursos públicos comprometidos.
Fuente: Mundo
