Ángel Luis Guzmán Vásquez, uno de los imputados en la segunda fase del caso de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), mantiene conversaciones con el Ministerio Público para alcanzar un acuerdo que permita una salida alterna al proceso judicial.
Así lo informó este viernes su abogado, Billy Gerónimo, luego de que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, ratificara por tres meses más la prisión preventiva contra su representado, quien permanece recluido en Las Parras.
Guzmán Vásquez se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa y es señalado por el Ministerio Público como presunto líder de una de las tres líneas de fraude investigadas en esta segunda fase del caso.
“Existen todas las posibilidades de llegar a un acuerdo. Estamos en esa línea, eso es lo que buscamos, pero hasta el momento no hemos definido nada”, expresó Gerónimo al ser preguntado sobre el avance de las conversaciones.
Dispuesto a colaborar
El jurista explicó que, desde el inicio del proceso, mantiene conversaciones con el órgano acusador y aseguró que su cliente ha mostrado disposición a colaborar con las autoridades.
Sostuvo que Guzmán Vásquez está dispuesto a atender los requerimientos del Ministerio Público y buscar una solución respecto de las imputaciones que pesan en su contra.
Sin embargo, descartó que su representado pueda devolver dinero o entregar propiedades como parte de una eventual reparación, al asegurar que no cuenta con bienes ni recursos económicos para hacerlo.
Gerónimo evitó adelantar los posibles términos de las negociaciones, debido a que todavía no existe una propuesta de acuerdo definida.
La próxima revisión obligatoria de la medida de coerción contra Guzmán Vásquez fue fijada para enero, cuando el tribunal volverá a evaluar si se mantienen las condiciones que justifican su permanencia en prisión.
Clan familiar
El Ministerio Público señala a Guzmán Vásquez como presunto líder de una de las tres líneas de fraude identificadas en la segunda fase de la investigación, por la que solicitó medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas numerosos médicos.
Según el expediente acusatorio, Guzmán Vásquez habría aprovechado su condición de empleado de la aseguradora estatal y su conocimiento de los protocolos internos para obtener autorizaciones médicas con información real de afiliados que no habían solicitado ni recibido los servicios.
La investigación también le atribuye haber actuado en asociación con su esposa, Adonay María Carrasco Heredia; su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, y sus padres, Ángel Guzmán Patricio y Milagros Vásquez Gálvez.
De acuerdo con el órgano acusador, su esposa habría realizado llamadas para solicitar autorizaciones médicas sin el consentimiento de los afiliados y utilizado sus cuentas bancarias para recibir, transferir y ocultar fondos presuntamente derivados de la estafa.
En cuanto a su hermano, el Ministerio Público sostiene que transfirió a Guzmán Vásquez más de 800,000 pesos, pese a que no contaba con ingresos que justificaran esas operaciones.
También señala al padre como presunto intermediario en la triangulación financiera de los recursos y a la madre por supuestas transacciones con justificaciones falsas. Además, esta última figura en el sistema de Senasa con servicios y consultas que habrían sido simulados.
La esposa y los padres de Guzmán Vásquez también son objeto de investigación dentro del entramado descrito por el Ministerio Público.
Fuente: Actualidad
