El abogado de la médico y exmilitar Ana Josefa GarcÍa Cuello cuestionó la decisión del tribunal colegiado que condenó a la acusada a 20 años de prisión tras hallarla culpable de decapitar a su hija de 6 años en agosto del 2024 en el sector de Hainamosa, Santo Domingo Este.
El abogado Julio Alberico Hernández, quien también es psiquiatra, critica que el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este tomara en cuenta únicamente la solicitud del Ministerio Público para rechazar la de la defensa e ignorar las pruebas médicas y evaluaciones psiquiátricas que sustentaban la inimputabilidad de Ana Josefa.
Sin embargo, dijo que el órgano acusador pidió 30 años de prisión y los jueces le impusieron 20.
Los jueces del tribunal son Josefina Ubiera Guerrero, José Leonel Asención y Dolores Galay de la Cruz.
Admitió el hecho
Días después de haber cometido el hecho, Ana Josefa Castillo admitió haberlo hecho y alegó que lo hizo por órdenes de Dios.
Según el Ministerio Público, ultimó a la infante en la residencia en donde residían en Hainamosa, Santo Domingo Este, causándole heridas cortopunzantes en varias partes del cuerpo. En la vivienda también se encontraba otro menor de cinco años, hijo de la acusada, quien resultó ileso.
Ana Josefa, quien era médico de profesión y miembro del Ejército, también se congregaba en la iglesia Monte Moriah, en donde la definieron como una «mujer servicial«, de familia y una madre ejemplar».
Dice se medicaba desde muy joven
Al calificar como «errada» la condena a su clienta, el abogado Hernández argumenta que se dejó de lado el diagnóstico emitido por la psiquiatra del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sobre la salud mental de García Cuello.
Asimismo, sostiene que se pasó por alto los recetarios y el historial clínico de la procesada, quien dijo recibe tratamiento psiquiátrico desde hace casi 30 años y cuyos médicos que la atendieron se incluyen al doctor Emilio Guillén, además de haber sido paciente del departamento de psiquiatría del Hospital Ramón de Lara.
«Violentó, ese tribunal y el Ministerio Público, el artículo 64 del Código Penal, que dice: «Cuando hay una fuerza irresistible, una persona en un estado de demencia comete un crimen o un delito, no hay ni crimen ni delito», porque no se le puede imputar al paciente el delito, porque hizo un acto en el cual no estaba consciente de lo que hizo», explicó el abogado.
Manifestó que tanto el Ministerio Público como los jueces sustentaron el caso únicamente en el informe policial, sin una investigación independiente ni acoger los criterios médicos para declarar la inimputabilidad.
Capacitar a jueces sobre la salud mental
Hernández llamó al presidente de la Suprema Corte, Justiniano Montero, a incluir una materia sobre medicina en la Escuela Nacional de la Judicatura para que los jueces «aprendan lo que es la imprudencia, la torpeza y lo que es la inimputabilidad, porque los jueces no saben, y mucho menos sabe el Ministerio Público«.
«Porque aquí lo que hay es pan y circo. Ellos no tienen que ver con los elementos constitutivos del delito», agregó.
Citó también que la Ley 12-06 sobre Salud Mental establece que un enfermo mental no puede ser recluido en ninguna cárcel y que debe ser enviado a un hospital psiquiátrico.
Fuente: Actualidad






