El tiempo se agota. Para el martes 15 de diciembre, en pleno periodo de compras navideñas, los clientes de supermercados y otros comercios deberán comprar las bolsas en las que trasladarán sus productos, según la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
El objetivo es reducir el consumo de plástico y fomentar que una misma bolsa se utilice repetidamente para realizar compras. En teoría, dejar de entregar una funda plástica gratis para proteger al medioambiente parece una decisión sencilla hasta que se traslada a las operaciones de miles de colmados, supermercados, farmacias y tiendas, que tienen los siguientes desafíos: ¿cuáles bolsas deberán cobrarse?, ¿cuánto costarán?, ¿cómo se incorporarán a los inventarios?, ¿pagarán ITBIS?, ¿cómo será el sistema de facturación?, ¿de qué grosor y tamaño se venderán?, ¿quién explicará al consumidor que debe pagarlas?
Las anteriores son algunas de las interrogantes que plantea el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, ante la proximidad de la fecha. Para entender la dimensión del cambio, explicó que en el país operan alrededor de 62,000 colmados, 3,570 pequeños y medianos supermercados, 3,900 farmacias, 5,550 ferreterías y 9,800 tiendas de distintas actividades, entre ellas tejidos, tecnología y artículos diversos.
Todos ellos deberán operar con un protocolo que aún no está listo, precisó.
La directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Jenniffer Troncoso, coincidió con García en que los establecimientos necesitan conocer las reglas para ejecutar el mandato, pero estas siguen pendientes de que las establezca el Ministerio de Medio Ambiente.
La ONEC solicitó desde el año pasado la conformación de una mesa de trabajo y, aunque esta existe, Troncoso atribuyó parte de la demora a cambios dentro del Ministerio de Medio Ambiente.
Entre lo que todavía queda por establecer, señala las posibles excepciones, las condiciones del cobro, las autoridades que inspeccionarán y las consecuencias del incumplimiento. Plantea que las compras por aplicaciones y los servicios de entrega también necesitan ajustes: habrá que decidir cómo el cliente seleccionará las bolsas y asumirá el costo.
No obstante, los miembros de la ONEC llevan meses preparándose internamente. Los ajustes abarcan inventarios, procedimientos de caja y capacitación del personal.
Piden prórroga
Los comerciantes han participado este año en al menos seis reuniones de la mesa técnica de trabajo con Medio Ambiente y otros sectores vinculados a la fabricación y distribución de plásticos. En esos encuentros tripartitos se han abordado asuntos técnicos, comerciales y de interpretación de la ley que todavía están a medio cocer.
- En cuanto al precio, en esa mesa se han barajado 50 centavos, un peso y dos pesos por funda, sin una decisión final.
La FDC solicitó una prórroga a Medio Ambiente, más allá de marzo del 2027. En la próxima reunión de la mesa de trabajo prevé proponer comenzar por etapas: primero con las grandes superficies y extender progresivamente el procedimiento.
Su preocupación es cómo lograr que los establecimientos pequeños y los ubicados fuera de las grandes ciudades conozcan las especificaciones de las fundas, dispongan de ellas y apliquen los procedimientos.
En Supermercados Bravo, el gerente de Mercadeo, Igor Casanova, indicó que la empresa mantiene conversaciones con Medio Ambiente y evalúa distintos escenarios, pero espera las disposiciones oficiales para definir el procedimiento.
Planteó que las reglas deben ser claras y aplicables a todos los participantes, de modo que el consumidor conozca el origen del cambio y no lo interprete como una iniciativa particular de una cadena.
“Estamos preparados”
La valoración de los plazos cambia al consultar a José María Munné, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (Adiplast). “De parte de la industria estamos preparados”, afirmó.
Según indicó, algunas empresas ya incorporan tecnologías de biodegradación en sus productos, aunque no ofrece una cifra consolidada de fabricantes de fundas que las utilizan. En el caso de productores de foam, ubica el inicio de la aplicación de esas tecnologías en algunas empresas entre 2021 y 2022.
Destaca que el marco legal también establece la responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador. Esta obliga a participar en la gestión de los residuos una vez termina la vida útil del producto, mediante sistemas individuales o colectivos que financien acciones de sensibilización, recuperación y manejo.
El propósito es que la obligación no termine cuando una bolsa sale de la fábrica o llega al consumidor, sino que exista participación de la cadena productiva en su recuperación y tratamiento.
Este final de la cadena en los cambios para el uso de las bolsas plásticas, parece encaminado. Contrasta con un punto de partida de la aplicación de la ley cercano en el plazo, pero lejano en su ejecución.
Medio Ambiente define las condiciones
El asesor de Medio Ambiente, José María Tost, aseguró que se trabaja en una resolución y un reglamento para precisar cómo se aplicará la disposición.
Indica que entre los asuntos en discusión están las características de las fundas sujetas a cobro, cuáles podrían entregarse gratuitamente y una propuesta de precios mínimos por tipología, aunque no adelanta montos. También se analizan criterios de reciclabilidad y reutilización, incluidas pruebas de resistencia y normas técnicas que permitan comprobar las características de los productos.
El objetivo es reducir el consumo y fomentar que una misma bolsa se utilice repetidamente para realizar compras. Reconoce que la transición requiere carteles informativos, orientación y capacitación del personal. “Esto no se adquiere de hoy para mañana”, expresó.
Sobre la biodegradabilidad de plásticos y foam, expresó que se trabaja con el Instituto Dominicano para la Calidad y se estudian las capacidades técnicas necesarias para evaluar los productos. Planteó que las certificaciones deben responder a criterios sólidos y evitar afirmaciones ambientales sin sustento.
Aunque reclama más tiempo, García asegura que el sector comparte el objetivo ambiental de la medida y no prevé pérdidas de empleos por el cobro de las fundas, sino lo contrario. Consideró que los nuevos procesos operativos obligarán a la creación de puestos para velar por el cumplimiento de la ley.
Las cajeras deberán consultar cuántas fundas desea el cliente y registrar su pago antes de entregarlas. El consumidor, a su vez, tendrá que decidir si las compra, utiliza una bolsa reutilizable o lleva sus productos sin ellas.
Fuente: Economía






