La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) amenazó este viernes con suspender indefinidamente la docencia en Bonao a partir del lunes 16 de noviembre, si la Policía Nacional no ofrece disculpas públicas por los incidentes ocurridos durante una manifestación frente a las oficinas de Edenorte.
La advertencia se produce pese a que el Tribunal Constitucional (TC) estableció en 2019 que las paralizaciones prolongadas e indiscriminadas de la enseñanza pública pueden vulnerar el derecho fundamental a la educación de los estudiantes.
Raúl Martínez, presidente de la seccional de la ADP en Bonao, condicionó la continuidad de las clases a una disculpa de la institución policial, luego de los enfrentamientos registrados cuando los manifestantes intentaban entregar un documento con sus reclamaciones a la distribuidora eléctrica.
Los maestros protestaban contra las elevadas facturas de electricidad, que, según denunciaron, alcanzan entre 45,000 y 60,000 pesos mensuales. Durante la manifestación se reportaron lanzamientos de objetos y bombas, aunque no se han esclarecido las circunstancias de los incidentes ni las responsabilidades de los involucrados.
La nueva amenaza se suma a la reducción de la jornada escolar que la seccional mantiene todos los viernes desde el 6 de noviembre.
Bajo la consigna «Viernes de lucha«, la ADP dispuso que los estudiantes sean despachados a las 12:30 del mediodía, mientras los maestros permanecen en los planteles hasta las 3:00 de la tarde.
La decisión representa una pérdida de tres horas y media de docencia semanal para los alumnos de jornada extendida y de hasta cuatro horas para los de la tanda vespertina, según los horarios establecidos por el Ministerio de Educación. El impacto varía de acuerdo con el nivel educativo.
El precedente del Tribunal Constitucional
La amenaza de paralización indefinida tiene como antecedente jurídico la sentencia TC/0064/19, dictada el 13 de mayo de 2019, en un conflicto entre la ADP de Barahona y padres de estudiantes afectados por suspensiones reiteradas de clases.
En esa decisión, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de la ADP y confirmó una sentencia de amparo que ordenaba levantar la suspensión de la docencia y reincorporar a los maestros a sus labores.
El fallo también mantuvo una multa coercitiva de 50,000 pesos por cada día de incumplimiento de aquella orden judicial.
El TC reconoció que los profesores tienen derecho a reclamar mejores condiciones laborales, pero estableció límites al ejercicio de la huelga cuando afecta gravemente la educación de niños y adolescentes.
La sentencia señala que la educación pública gratuita y obligatoria puede recibir la protección de un servicio esencial cuando las clases se suspenden de forma progresiva, prolongada e indiscriminada.
También establece que el derecho a la educación debe ser protegido frente a paralizaciones que impidan a los estudiantes recibir la enseñanza prevista en el calendario escolar.
Fuente: Actualidad
