En una instancia que depositaron ante la Procuraduría General de la República, siete abogados, encabezados por Carlos Balcácer, solicitan al Ministerio Público una “investigación inmediata e independiente” sobre al menos 47 muertes de jóvenes durante operativos policiales en los últimos días.
Cuestionan esos decesos, registrados desde el 17 de agosto al 28 de septiembre y presentados como “actuaciones legales o intercambios de disparos” sin previa investigación independiente por parte de los fiscales.
Al dar a conocer el sometimiento de la instancia, Balcácer advirtió que de no producirse una respuesta a la solicitud interpondrán “una querella contra el director de la Policía y sus secuaces”.
En una rueda de prensa en el Palacio de Justicia sostuvo que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García estrenaría el párrafo 1 del artículo 3 del nuevo Código Penal que sanciona la inducción, al exhortar con la clave 29 a los miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) para que cometan los asesinatos de jóvenes.
“Es una inducción a la Policía para que cometa los asesinatos que se están cometiendo, incluso le crea a la Policía un desbordamiento excesivo, naturalmente, que hasta llega a irrespetar a la población”, indicó Balcácer.
Aseguró que “eso se llama homicidio calificado u homicidio agravado” para lo cual la ley establece “penas de 20,30 y hasta 40 años”.
«A nosotros nadie nos va a amedrentar. Este es el primer paso que estamos dando y sabemos quiénes están detrás de este poder que le están dando a él (al director de la Policía), no nos vamos a quedar así» Carlos Balcácer Abogado penalista “
En la instancia depositada en horas de la mañana ante la Procuraduría General de la República, los abogados Cándido Simón, Manuel Sierra Perez, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez, Valentyn Medrano y Guarionex Ventura exigen se esclarezcan las circunstancias de cada fallecimiento y se determinen las posibles responsabilidades penales de miembros policiales y del Ministerio Público actuante, cuya participación directa o indirecta pudiera estar comprometida.
Reclaman el análisis de autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, actas procesales y testimonios presenciales y de familiares de los jóvenes ultimados y a los que se les imputa la comisión de delitos.
La protección de la vida debe ser el fin de la seguridad
Los juristas recordaron que la «eficacia contra la delincuencia no se mide en cadáveres, sino en vidas protegidas» y que ninguna sospecha delictiva justifica la muerte de un ciudadano de manera arbitraria, sin derecho a la defensa y al debido proceso.
- “La investigación y persecución de un ilícito cometido, no autoriza a ningún agente del Estado a decidir quién vive y quién muere”, sostienen los denunciantes.
- “Esas ejecuciones, si vemos bien las fílmicas, que vamos a depositar oportunamente, no cuentan con fiscales, lo hace el Dicrim como vulgares delincuentes que son, ubican a estos jóvenes descarriados o no, y los ejecutan, pero hay algunos fiscales que están llenando las actas”, agregó Balcácer.
Subrayó que ese llenado de actas “va a tener sus consecuencias» y que si en la próxima semana no hay reacción, interpondrán la querella contra el director de la Policía «y sus secuaces”.
Dijo lamentar que una parte de la sociedad apoye que los presuntos delincuentes sean ejecutados por la institución llamada a garantizar la seguridad ciudadana y que a los se les coloque en una situación sin control.
Fuente: Actualidad
