Este lunes, el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española (CEE) firmaron un importante acuerdo destinado a indemnizar a aquellas víctimas de abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia, quienes no tienen la posibilidad de llevar su caso a los tribunales.
La firma formaliza un pacto alcanzado en enero que busca ayudar a las víctimas que se enfrentan a circunstancias como la prescripción de sus casos o la muerte del agresor, lo que les impide recurrir a la vía judicial, según explicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Al concluir la firma del acuerdo en Madrid, Bolaños declaró que este es un hito de justicia para todas las víctimas que, en su momento, sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y que, lamentablemente, no solo fueron ignoradas, sino también cuestionadas en sus relatos.
Un acuerdo sin precedentes
El ministro destacó que el modelo establecido con la Iglesia es «pionero en el mundo», ya que asegura que el Estado tiene la última palabra en la decisión final y que la Iglesia se encargará de las compensaciones necesarias a cada víctima.
Este acuerdo no define montos específicos de compensación; en cambio, las indemnizaciones se determinarán caso por caso, con la participación del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, aunque será el Estado quien tome la decisión final.
Luis Argüello, presidente de los obispos españoles, comentó a los medios que el acuerdo representa «un gesto significativo». «Si bien estamos hablando de situaciones prescriptas o donde los acusados han fallecido, la Iglesia desea reconocer su responsabilidad por ser parte del mismo cuerpo«, añadió.
En respuesta a la falta de acción por parte de la Iglesia y a petición del Parlamento español, el Defensor del Pueblo elaboró un informe publicado en 2023 que estimó que, desde 1940, más de 200,000 menores han sido víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos católicos.
Si se incluyen los casos perpetrados por laicos en contextos religiosos, este número podría elevarse a 400,000.
La Iglesia, por su parte, contrató a un despacho de abogados para llevar a cabo una auditoría, la cual identificó al menos 2,056 víctimas.
No obstante, la CEE ha criticado tanto el informe del Defensor del Pueblo como la auditoría, y ha emitido su propio reporte, en el que se reconocen 1,057 «casos registrados» en sus diversas diócesis, de los cuales solo 358 fueron clasificados como «probados» o «verosímiles».
Source: www.diariolibre.com