El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor-Ito Bisonó, anunció este miércoles la emisión de un decreto para proteger la producción local de arroz ante la inminente entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA) en 2025. Este acuerdo podría poner en riesgo la distribución local debido a la importación de arroz con arancel cero.
Se trata del Decreto 693-24, firmado por el presidente Luis Abinader, en el que se detalla un conjunto de medidas arancelarias específicas para salvaguardar la producción nacional. El artículo 1 del decreto establece que los productos de arroz, codificados en las partidas 1006.10.00, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00, tendrán un arancel del 20 % ad valorem dentro del contingente establecido por la República Dominicana en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fuera de este contingente, se aplicará un arancel del 99 % ad valorem.
El artículo 2 introduce una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz originarias de los Estados Unidos, las cuales podrán ingresar al país con un arancel del 0 %. Sin embargo, fuera de esta cuota, se aplicará el arancel de Nación Más Favorecida (NMF), que alcanza el 99 % ad valorem.
Por otro lado, el artículo 3 establece que los productos de arroz originarios de Nicaragua estarán sujetos al mismo tratamiento arancelario de 99 % ad valorem bajo el régimen de Nación Más Favorecida.
Además, el decreto aclara que estas medidas permanecerán vigentes hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) recomiende lo contrario, basado en un nuevo informe elaborado por la Secretaría Técnica de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición.
El ministro resaltó que estas medidas buscan equilibrar los intereses comerciales internacionales con la necesidad de fortalecer la producción agrícola local, especialmente el sector arrocero, que enfrenta nuevos retos debido a la liberalización de aranceles en el marco del DR-CAFTA.
El Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, lo que marca un paso decisivo para proteger la seguridad alimentaria y económica del país, ante los desafíos que plantea la integración regional y los acuerdos internacionales.
Esta decisión fue detallada a la prensa durante un encuentro en el que participaron representas del sector agrícola, quienes se manifestaron satisfechos con el apoyo gubernamental.