Recientemente en una reunión sobre la gestión de basura, un lobista, que incidentalmente era uno de los arquitectos de la Ley de Residuos Sólidos del país, le dijo a la sala que reciclar el 10 % de los residuos sólidos municipales del país era imposible. Ni siquiera valía la pena aspirar a eso.
Esa afirmación me indignó. No solo me pareció errada: me pareció peligrosa. Errada porque en esa misma sala estaban sentadas empresas cuyos propios centros de valorización, ya certificados por DO Sostenible, superan ese 10 % desde hace años. Peligrosa porque viene de alguien que ayudó a redactar el marco legal que debería empujar al país hacia adelante, no convencerlo de que se conforme con menos.
Empecemos por la lógica de la propia ley. Está diseñada para formalizar la gestión de los residuos y eliminar los más de 200 vertederos a cielo abierto informales que aún existen en el país, con toda la contaminación y el riesgo para la salud humana que eso implica. Pero su meta no es solo evitar la contaminación: es fomentar la economía circular a nivel nacional, creando nuevas industrias y abriendo nuevas oportunidades económicas.
Por eso existe un pago diferenciado desde DO Sostenible a los gestores de residuos, según cómo tratan lo que recogen. El que simplemente entierra la basura en un relleno sanitario recibe la mitad de lo que recibe quien valoriza. La ley exige un mínimo de 10 % de valorización del total de los residuos para acceder al pago más alto, y premia a los gestores que logran impulsar la economía circular. Ese 10 % es apenas el piso, no el techo, y no debería quedarse fijo: a medida que el país avanza, la ley debería exigir cada vez más a los gestores.
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En los últimos años, la implementación de la ley de residuos ha reducido drásticamente el volumen de basura que termina en vertederos informales, logrando que cada vez más residuos se gestionen a través de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios formales y centros de valorización. Eso es un avance real.
Pero recibir residuos en una instalación formal no es lo mismo que valorizarlos. Según cifras nacionales, la República Dominicana genera más de 13,500 toneladas de residuos sólidos al día, y menos del 3 % se incorpora a procesos de economía circular. Hay gestores que ya superan el 10 %, pero no es la tendencia general. Esa es la brecha real entre lo que ya se gestiona formalmente y lo que efectivamente se transforma en recurso.
La evidencia de que se puede superar ese piso de 10 %, y por mucho, ya existe en el país, y a escalas muy distintas.
En San Francisco de Macorís, corazón agrícola del Cibao, opera hoy Móvil Soluciones Ambientales (MSA), una de las mayores empresas integradas de gestión de residuos del país. Procesa cerca de 500 toneladas diarias de residuos sólidos municipales, unas 13,000 toneladas al mes. Los camiones descargan, los materiales se clasifican, y metales, plásticos y cartón se separan y se venden como reciclables. Lo que no puede reciclarse se convierte en combustible para manufactureras dominicanas, y ahora MSA está evaluando transformar la fracción orgánica en compost, mediante un proceso de punta, para convertirla en fertilizante. Es una operación a escala de ciudad, con poca segregación en el origen, y aun con esa limitante, ya está valorizando cerca de la mitad de lo que procesa.
Grupo Puntacana opera a otra escala: una comunidad turística con más de 3,000 residencias, tres hoteles y el aeropuerto internacional más grande del país. Maneja unas 30 toneladas de residuos sólidos diversos al día, y superó el 10 % de valorización hace más de dos décadas. Hoy, combinando su centro de valorización CENVAREE con un nuevo sistema de compostaje industrial, apunta a desviar entre el 70 % y el 80 % de sus residuos del vertedero, una de las tasas más altas registradas entre operaciones turísticas del país.
En San Pedro de Macorís, la economía circular del país se potencia con Planta Renacer, la única en todo el Caribe capaz de convertir una botella plástica usada de nuevo en plástico grado alimenticio. El país produce 280 millones de botellas de PET al mes. Esta sola planta tiene capacidad para reciclar 125 millones, casi la mitad de esa producción. Lo único que falta para lograrlo es un mandato que exija contenido reciclado en la manufactura de botellas plásticas.
Tres operadores, tres escalas, el mismo resultado: ninguno encontró que el 10 % fuera imposible. Algunos lo superaron por mucho.
Cuando una empresa recolectora de residuos no llega al 10 % de valorización, casi nunca es porque el objetivo sea inalcanzable. Es que le falta financiamiento, inversión, capacitación o equipos. La ley ya incentiva la valorización con mecanismos financieros. La única forma de forzar mayor inversión y prioridad para la valorización es subiendo la tasa exigida, no justificando que es imposible.
Ese es el mecanismo completo: una meta ambiciosa, un incentivo económico para alcanzarla y una presión constante para superarla con el tiempo. Por eso «basura cero» no es una cifra que se alcanza un día y ya. Es un norte, una aspiración que obliga a mejorar año tras año, como ya lo demuestran MSA, Grupo Puntacana y Renacer. El peligro real del argumento del lobista no es solo que esté equivocado. Es que, si se acepta, le quita al país la razón misma de tener una meta: dejar de conformarse. Eso es exactamente lo contrario de lo que la ley busca lograr.
La aspiración del país nunca debió ser el 10 %. Si la República Dominicana sigue este camino, no solo resolverá su propio problema de residuos. Podrá mostrarles a otras islas del Caribe, con el mismo reto y menos capital, que llegar a basura cero no es una fantasía. Es una decisión.
Fuente: Planeta
