Un proyecto de regulación impulsado por el Gobierno de México para la “protección de los derechos de las audiencias” de radio y televisión ha provocado acusaciones de censura entre medios de comunicación, organizaciones civiles y partidos de oposición.
La preocupación llegó también a la Iglesia Católica. La Arquidiócesis Primada de México, la Arquidiócesis de Guadalajara y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) han defendido la importancia de proteger los derechos de las audiencias, pero al mismo tiempo han alertado que ninguna autoridad administrativa puede convertirse en “calificadora de la verdad”.
¿Qué plantea el Gobierno?
No se trata propiamente de una nueva “ley de audiencias”. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en vigor desde julio de 2025, reconoce una serie de derechos para quienes escuchan radio o ven televisión. Lo que ahora se discute son los lineamientos para aplicarlos.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene esas reglas en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto.
Entre otras disposiciones, el proyecto establece que las estaciones de radio y televisión deberán distinguir claramente entre información y opinión, así como entre contenido y publicidad. También deberán ofrecer mecanismos para el derecho de réplica y contar con un código de ética y una persona defensora de las audiencias.
En la presentación oficial del proyecto, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, dijo que las audiencias podrían presentar una queja ante esa defensoría. Si el medio no atendiera su recomendación, el caso podría llegar hasta la CRT.
De acuerdo con Alcalde, la legislación contempla “multas y sanciones, como última instancia” para los medios que no pongan a disposición esos mecanismos, no nombren a un defensor o no emitan su código de ética.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado que estas disposiciones busquen controlar los contenidos. “No hay censura, ni va a haber censura”, aseguró el 29 de julio.
“El medio puede publicar dentro de un Código de Ética definido por el propio medio. Por eso decimos que es un proceso de autorregulación”, sostuvo un día antes.
Frente a las reiteradas críticas, desde el Gobierno mexicano se aseguró el 4 de agosto que los lineamientos “no hablan de sancionar contenidos ni que el Estado determinará qué es verdad y qué no”.
Según la explicación oficial, “los propios medios de comunicación son quienes deben de emitir un Código de Ética estableciendo cómo garantizar que la información sea certificada y verificada, además de nombrar a un defensor de audiencias y poner a disposición mecanismos de defensa”.
¿Por qué medios y opositores hablan de censura?
La controversia no se centra principalmente en la existencia del derecho de réplica, los códigos de ética o las defensorías de las audiencias. El punto más discutido es quién determinará si una información es falsa, está descontextualizada o fue presentada de forma incorrecta.
Organizaciones civiles como ARTICLE 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C. advirtieron que algunas disposiciones permitirían a la CRT “calificar la información y opinión, revisar de fondo decisiones editoriales y sancionar de manera genérica cualquier incumplimiento”.
Para estas instituciones, proteger a las audiencias no debe convertirse “en la facultad de una autoridad para calificar el trabajo periodístico”. Por ello, propusieron “reglas claras, sanciones acotadas a lo que la Ley establece y un espacio de diálogo previo a la sanción”.
Una de las reacciones más duras provino de Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y abierto crítico del Gobierno. El empresario calificó en su cuenta de X la propuesta como “uno de los peores ataques contra la libertad de expresión” y “un intento de censura”.
Desde el Gobierno, acusó, se pretende “vulnerar los derechos de los ciudadanos para ser ellos quienes decidan qué puede y qué no puede ver la gente”.
Por su parte, en una conferencia de prensa el 12 de agosto, el presidente nacional del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, acusó al Gobierno de querer “generar un ministerio así, literal, de la verdad”. En la misma conferencia, el senador Ricardo Anaya dijo que los lineamientos buscarían “callar, silenciar a los periodistas críticos, a los ciudadanos valientes y a los opositores”.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve, aseguró en X que Morena, el partido gobernante, “no está regulando: está construyendo un mecanismo de censura”.
Según recoge El Diario de Chihuahua, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, anunció una iniciativa para retirar al Ejecutivo y a la CRT la facultad de emitir estos lineamientos, pues “los mexicanos no necesitan que nadie se erija como tribunal de la verdad”.
¿Por qué preocupa la propuesta a la Iglesia?
Desde la Iglesia Católica en México se ha reconocido la importancia de proteger los derechos de las audiencias, al tiempo que se ha advertido sobre el peligro de una eventual censura previa y de que una autoridad llegue a tener facultades para definir qué es verdad y qué no.
En un editorial publicado el 1 de agosto, la Arquidiócesis Primada de México alertó que “no puede existir censura previa” y que “ninguna autoridad administrativa puede determinar la veracidad, legitimidad o aceptabilidad de las opiniones”.
Tras reconocer que “la libertad de expresión implica responsabilidades cuando la comunicación causa daños a la dignidad o a los derechos de otras personas”, la Arquidiócesis de México indicó que “el debate no consiste únicamente en definir hasta dónde puede llegar la regulación del Estado, sino en asumir la responsabilidad ética que acompaña toda tarea de comunicar”.
El 8 de agosto, el editorial de Semanario, publicación de la Arquidiócesis de Guadalajara, se tituló “La tentación del Estado de regular la verdad”.
“La cuestión central” respecto a los lineamientos, indicó el medio arquidiocesano, “no radica en la importancia de combatir las noticias falsas, sino en determinar quién tendrá la autoridad para decidir cuándo una información es verdadera, falsa o presentada fuera de contexto”.
Días después, la Conferencia del Episcopado Mexicano reconoció aspectos positivos en el proyecto de regulación, como la prohibición expresa de la censura previa, la no discriminación por motivos religiosos y la protección de los grupos vulnerables.
Sin embargo, los obispos mexicanos advirtieron que “la verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”.
Para la CEM, a la información periodística se le puede exigir “diligencia: contrastar, verificar, distinguir el hecho de la opinión, rectificar el error”.
Al mismo tiempo, los obispos subrayaron que “ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias, sean o no religiosas”.
Los obispos también recordaron que “las asociaciones religiosas no pueden poseer ni administrar concesiones de radio y televisión” en México, por lo que pidieron que el pluralismo contemplado por los lineamientos “incluya también el pluralismo de las convicciones y creencias religiosas”.
En ese marco, los obispos alentaron a todos los ciudadanos a expresarse en la consulta de los lineamientos, pues “la participación ciudadana no es un trámite del proceso regulatorio, sino un ejercicio de corresponsabilidad con el bien común; una democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan, no cuando callan”.
Fuente: www.aciprensa.com