El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este lunes el inicio de la lectura de la acusación contra los implicados en el desplome de la discoteca Jet Set, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de un plazo razonable.
Tras rechazar diversos pedimentos incidentales, el magistrado determinó que el Ministerio Público presentara formalmente los cargos, destacando la importancia de garantizar la igualdad de defensa para todas las partes y evitar dilaciones injustificadas que prolonguen el proceso.
«Hoy está todo el mundo convocado, el que no está aquí es porque no tiene el interés necesario», afirmó el juez al negarse a posponer la vista.
Mejía Zorilla subrayó la necesidad de garantizar el derecho de los querellantes y de los imputados, así como el plazo razonable, expresando su preocupación por la prolongación excesiva del proceso.
Al leer las causas del desplome, el fiscal Collado señaló que la conducta negligente e imprudente de Antonio Espaillat propició el colapso del techo al contratar personal no especializado para corregir filtraciones.
El Ministerio Público presentó un resumen de los hechos que involucran a Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat López como principales acusados, detallando que la discoteca operaba como empresa familiar bajo su control al momento del siniestro, que ocurrió en abril de 2025, dejando 236 víctimas fatales y numerosos heridos.
El juez Mejía Zorrilla enfatizó la importancia de avanzar en el proceso judicial, indicando que se han ofrecido múltiples oportunidades para la preparación de pruebas y que es necesario no postergar más el avance del caso.
Antes de iniciar la lectura, el magistrado autorizó la realización de un peritaje técnico independiente solicitado por la defensa, el cual tendrá un plazo de 30 días hábiles para examinar los materiales estructurales y factores externos que pudieron influir en el colapso, asegurando la igualdad de condiciones entre las partes.
El proceso judicial continúa avanzando dentro de los cauces institucionales, con el objetivo de ofrecer justicia a las víctimas y a la sociedad, respetando el debido proceso y la memoria de los fallecidos.
Fuente: www.diariolibre.com