La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha solicitado a El Salvador que revise la controvertida decisión de aplicar cadena perpetua a menores que cometan delitos graves. Esta medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, ha generado preocupación internacional por considerarse una violación de los derechos de los niños.
El Congreso salvadoreño, controlado por el oficialismo, aprobó recientemente cambios en la ley penal juvenil para permitir la cadena perpetua a menores de 18 años involucrados en crímenes como asesinatos, violaciones o actos de terrorismo.
La portavoz de la OACNUDH, Marta Hurtado, instó a las autoridades salvadoreñas a revisar estos cambios, que van en contra de las normas internacionales de derechos humanos. Según Hurtado, la posibilidad de revisar los casos de menores condenados a cadena perpetua solo después de 25 años de detención contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, que enfatiza la importancia de la rehabilitación y reintegración de los jóvenes.
La reforma propuesta por Bukele también ha recibido críticas de organismos como el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF, quienes advierten que la privación de libertad es perjudicial para los adolescentes y no contribuye a prevenir el delito. A pesar de que la política de seguridad de Bukele ha logrado reducir los índices de homicidios en El Salvador, sigue siendo objeto de controversia y señalamientos de posibles violaciones de derechos humanos.
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