El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso ayer 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados, acusados de formar parte de un presunto entramado de corrupción administrativa al que el Ministerio Público atribuye haber defraudado a la ARS estatal con más de 15,000 millones de pesos.
Además de Hazim, la medida fue impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Además, la imputada Ada Ledesma Ubiera deberá cumplir la medida en Najayo Mujeres.
En En tanto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y favoreció con medidas cautelares a tres de los diez imputados, luego de que admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.
Se trata de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella. A las primeras el magistrado les impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos. A Read Estrella solo impedimento de salida y arresto domiciliario. El juez también declaró el caso complejo.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, indicó que el órgano persecutor buscará presentar, en el menor tiempo posible, la versión 2.0 de la Operación Cobra, con la que procederá a traducir a la justicia a otras personas físicas y jurídicas implicadas en el fraude.
Camacho representó al Ministerio Público junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como a los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.
“Es una decisión histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en tres elementos: uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que, incluso, los ha calificado como crueles y muy graves, los ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado, incluso, como una forma holocausto, entendiendo lo que planteó el Ministerio Público de que se trata de hechos extremadamente graves”, dijo Camacho.
“El segundo elemento que tomó en cuenta el tribunal fue la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su decisión, incluso, citando documentos y testimonios presentados por el Ministerio Público”, resaltó.
“Lo tercero fue que (el juez) valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre esa base dictó prisión preventiva para siete de los imputados y los envió a Najayo Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente; y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros tres”, indicó.
“En sentido general, los diez imputados presentados en este proceso están privados de libertad”, sostuvo Camacho, al ser abordado por los periodistas que cubrieron la audiencia de la noche de este domingo.
En ese contexto, explicó que en adelante el Ministerio Público se apresta a “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido, y en segundo lugar los abogados a trabajar día y noche como lo hacemos siempre, sin descanso, para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso”.
El Ministerio Público reafirma su condición de órgano independiente y reitera que todo el que sustrajo el patrimonio público será procesado.