El Senado de la República designó la tarde este martes una comisión especial para estudiar el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, que le dará fuerza a la democracia que vive la República Dominicana.
La delegación a cargo de estudiar la pieza está compuesta por Aracelis Villanueva, coordinadora; Moisés Ayala, Franklin Romero, Milciades Aneudy Ortiz Sajiun, Andrés Guillermo Lama, Omar Fernández, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Rafael Barón Duluc, Ginette Bournigal.
El nombra a este grupo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, le advirtió darle todo el tiempo necesario y escuchar a todos los sectores interesados en plantear sus puntos de vistas.
“No importa las veces que haya que reunirse en la comisión, pero que, el resultado de ese proyecto de ley sea basado en el consenso de todos los sectores”, indicó de los Santos durante la sesión en la Cámara Alta.
El trámite de la pieza consistirá en reuniones de análisis por parte de la comisión; se invita a sectores y personas interesadas opinar, se rinde un informe favorable al Pleno y se aprueba la pieza dos veces seguidas.
Luego, el proyecto para a la Cámara de Diputados para el mismo procedimiento. La última fase es la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
Por más de dos años, el Gobierno la Sociedad Dominicana de Diarios y otros sectores, debatieron la iniciativa y el resultado es una normativa que fortalecerá el derecho de los medios a acceder a fuentes informativas sin discriminación, fortaleciendo la transparencia y la diversidad informativa.
Entre las novedades está la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) un órgano descentralizado con autonomía financiera y administrativa; patrimonio propio y personalidad jurídica que protegerá el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
Entre las sanciones a la ley está la suspensión de la transmisión por parte del medio por un periodo de hasta 90 días, eliminación de contenidos que violen las disposiciones de la ley para la protección a menores de edad y la imposición de multas entre 30) y 200 salarios mínimos del sector público.