Representantes de la empresa Costa Canal SRL denunciaron este lunes el desacato, por parte del Ministerio de Turismo, de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que le ordena abstenerse de intervenir en terrenos privados próximos a la playa Rocón en Cabarete, provincia Puerto Plata.
Lorenzo Pichardo, representante legal de la referida compañía, dice que el TSA, mediante la sentencia 0030-03-2024-SSEN-00727, emitida en diciembre de 2024, dispone: “el cese inmediato de cualquier acto u omisión que tienda a destruir las cercas edificadas con postes de concreto y alambres de púas u otra obra de infraestructura similar dentro de los límites del inmueble identificado como 314896958049, con una extensión superficial de 20,380.34 metros cuadrados”.
Sin embargo, el jurista denunció que el pasado viernes 21 de marzo, personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), actuando por órdenes del Ministerio de Turismo, procedió a derribar la estructura que construía su cliente.
De acuerdo con lo expresado por el representante de la empresa Costa Canal, constituye una flagrante violación de derecho la destrucción de propiedad privada y un atentado contra la inversión nacional y extranjera, así como contra el estado de derecho en la República Dominicana.
Pichardo asegura que la obra en cuestión no está dentro de los 60 metros que dispone la ley, como alegan los representantes locales del Ministerio de Turismo, sino a 78 metros en el punto más próximo.
El abogado dijo que se niega a creer que las acciones violatorias de funcionarios locales cuenten con el respaldo del titular de esa cartera, David Collado.
“Si el Ministerio de Turismo o cualquier otra institución está en desacuerdo con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, lo lógico es que recurran a ella por las vías legales correspondientes, no que se abroguen el derecho de violar la sentencia sin ningún fundamento legal”, expresó.
Recordó que la sentencia del TSA establece el pago de un astreinte por un monto de 4,000 pesos diarios en contra de las instancias que impidan la realización de la obra.
Hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a intervenir en el caso que pone en entredicho la seguridad jurídica en el país, con funcionarios que no respetan en lo más mínimo las decisiones de los tribunales.
Pichardo indicó que la empresa Costa Canal SRL lleva 24 años tratando de poner en marcha el desarrollo de su inversión en el lugar, señalando que en 2001 ese espacio fue ocupado por un grupo de personas que habrían falsificado títulos de propiedad. Agrega que tuvieron que agotar 21 años de procesos judiciales hasta que en 2022 lograron sentencias definitivas, logrando sacar a los invasores con la ayuda de la fuerza pública por parte del abogado del Estado y que ahora se le impide cercar adecuadamente la propiedad.
El Ministerio de Turismo se opone a la construcción de la obra por entender que la misma impide el acceso público a la playa.
Con relación a ese particular, la empresa refiere que el supuesto camino dentro de sus terrenos está en desuso desde la construcción de la nueva carretera en la década del 70.