Una de las debilidades de nuestros países latinoamericanos es la falta de institucionalidad. La vemos en la creación de organismos paralelos que erosionan la función de los poderes del Estado.
Es el caso de los senadores, cuya finalidad es legislar y fiscalizar, pero, han creado el Fondo de Asistencia Social conocido como barrilito, que distorsiona su función.
Ellos justifican este criterio alegando que en las provincias que representan hay mucha pobreza, y que el dinero que se les asigna cada mes, lo entregan a personas necesitadas de sus comunidades.
Olvidan estos legisladores lo que dice el Papa Francisco: “La pobreza no se combate con el asistencialismo, sino con un trabajo digno”. Además, estas dádivas lo que hacen es envilecer a nuestra gente. Fomentar el clientelismo, aumentando el caudillismo de políticos que aprovechan la gratitud de la gente sencilla, ante aquel que le ha hecho un bien, para luego cobrarlo en los procesos electorales con el voto a su favor.
Tenemos que llegar a un nivel de políticas sociales desarrolladas por el Estado, que suplan las necesidades de los habitantes de las zonas marginadas. Que cada Ministerio tenga presente su función, trabajando por un desarrollo integral de sus demarcaciones.
Teniendo la justicia social como meta, fortalecemos la democracia, que no solo es tener el derecho de poder expresarnos con libertad. Es algo más. Es no poner a seres humanos a mendigar la dignidad con la cual Dios los ha creado.