El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este viernes la medida de coerción en contra de Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y demás implicados en el entramado de corrupción desarticulado mediante la operación Coral.
La jueza Keila Pérez Santana acogió la solicitud del Ministerio Público, que aseguró debe mantenerse la coerción para preservar el desarrollo de la investigación del entramado que supuestamente desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
En la audiencia, la defensa de Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, pidió al tribunal revocar la decisión y variar la prisión preventiva por una medida menos gravosa.
Mientras que la defensa Alejandro Girón Jiménez, testigo clave de la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió al tribunal que se mantenga la medida de arresto domiciliario.
En tanto que la defensa del coronel policial Rafael Núñez de Aza, informó al tribunal que no tenía nada nuevo de aportar como presupuesto que justifiquen la variación de la medida de coerción, planteando que quiere se conozca a parte su revisión obligatoria.
Con la revisión obligatoria de la medida de coerción se busca confirmar o revocar la decisión dictada por la jueza del Juzgado de Atención Permanente de esa jurisdicción, Kenya Romero, que además declaró el caso complejo.
Mientras que el Ministerio Público pidió que se mantuviera las prisión.
En contra de este grupo, el tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva y dispuso su envío al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres.
Según la acusación, el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia durante los gobiernos de Danilo Medina, es acusado de dirigir un entramado de corrupción que utilizó como testaferros a la pastora Guzmán Sánchez y a personas de su cercanía.
Al alto oficial se le imputa enriquecimiento ilícito por más de tres mil millones de pesos.