Los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez, interpusieron un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que envió a prisión al exfuncionario como medida cautelar.
En la apelación depositada ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se solicita acoger dicho recurso, fundamentado en los artículos 1 y 400 del Código Procesal Penal, así como el artículo 69 de la Constitución de la República, «los cuales convergen para que se declare la radical nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina Judicial de Atención Permanente el pasado 8 de julio , mediante la cual se impuso prisión contra Rodríguez».
Para los abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y José Martínez Hoepelman la medida dictada por la jueza Kenya Romero al exprocurador fue poco sopesada ya que, según ellos, el expediente instrumentado por el Ministerio Público carece de elementos probatorios que puedan sustentar y demostrar los ilícitos que se le imputan.
Señalaron que las supuestas irregularidades durante la gestión de Rodríguez frente a la Procuraduría destacadas por el Ministerio Público no tienen méritos en el ámbito penal ya que «el expediente acusatorio solo refiere asuntos administrativos».
En el documento depositado, los juristas solicitan «el reexamen y modificación a la resolución recurrida y que se ordene En el documento depositado, los juristas solicitan «el reexamen y modificación a la resolución recurrida y que seguido se ordene la libertad pura y simple del exfuncionario.
Mediante la Operación Medusa, además de Jean Alain, el organismo persecutor sometió a la Justicia, a los imputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, quienes también cumplen prisión preventiva como medida coercitiva.
También son encartados por supuestos actos corrupción Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, a estos se le impuso medidas menos gravosas: arresto domiciliario y una garantía económica.
El expediente de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa destaca que el grupo cometieron, supuestamente, los delitos de soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.