Corte de Santiago revoca decisión del Juzgado de Atención Permanente e impone prisión preventiva a imputados en tráfico de armas del caso KAF

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Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esta jurisdicción revocaron una resolución de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente e impusieron tres meses de prisión preventiva contra los dos imputados por tráfico de armas en el caso KAF.

La decisión se produce en respuesta al recurso de apelación que la Fiscalía de esta demarcación depositó contra la resolución número 01431-2022, emitida por la magistrada Yiberty Polanco, en la que la jueza rechazó la solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva, como medidas de coerción, contra Gregory Alberto Diplán Güichardo y Juan Miguel Almonte Padilla, alias Colita.

Ahora, con la decisión de la Corte, los imputados cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca, provincia Espaillat.

En la audiencia, representaron al Ministerio Público Juan Carlos Bircan, procurador titular de Corte, José Armando Vidal y Pedro Martínez, quienes reiteraron que las pruebas aportadas fueron obtenidas y presentadas de forma legal y que vinculan a los encartados a una organización del crimen organizado, cuyas actividades ilícitas representan una amenaza para la salud y la seguridad, un bien jurídico que el Estado debe garantizar.

Ambos hombres quedaron detenidos durante una operación interagencial en la que más de 10 fiscales, encabezados por el procurador fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, ocuparon drogas, dinero en pesos y dólares, así como armas que estaban enterradas o escondidas en cubos.

Los imputados enfrentan cargos por comercializar estas armas con redes del crimen organizado.

Contra Gregory Alberto Diplán Güichardo y Juan Miguel Almonte Padilla, el Ministerio Público formuló la calificación jurídica provisional descrita en los artículos 4, literal B; 6, letra A, y 75, párrafo 1, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.


Además, la violación a los artículos 66, 67, 68, 69 y 266 de la Ley 631-16, de Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
 
La operación
 
En los allanamientos en que fueron ocupadas las evidencias participaron, también, agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas (Ditis) y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la cooperación internacional de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

El cargamento ocupado incluyó, entre otros, seis fusiles, dos pistolas y 6,796 cápsulas, así como más de 4 millones de pesos y más de 17 mil dólares.

En los operativos se incautaron 6,689 cápsulas calibre 9 milímetros, así como nueve cargadores para fusil, calibre 5.56 x 45, marca Pro Mag.

También, dos cargadores para pistolas 9 milímetros, tipo tambor, y uno para pistola, calibre 9 milímetros, con capacidad para 31 cápsulas.