SYDNEY (AP) — La Oficina Australiana de Impuestos investiga a más de 800 australianos adinerados por posible evasión fiscal en relación con sus supuestas operaciones con una firma legal panameña.
La investigación en Australia comenzó al día siguiente de que una coalición internacional de medios de comunicación desvelara detalles de una investigación sobre sobre operaciones financieras en paraísos fiscales realizadas por personas adineradas de todo el mundo, basadas en un enorme archivo de documentos proporcionado por una fuente anónima.
El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, con sede en Washington, dijo que el total de 11,5 millones de archivos describe operaciones en paraísos fiscales de una docena de jefes de gobierno actuales y pasados, así como empresarios, celebridades y estrellas deportivas.
Ramón Fonseca, cofundador de Mossack Fonseca -una de las firmas líderes mundiales en la creación de empresas fachada-, confirmó al Canal 2 de la televisión panameña que los documentos eran auténticos y dijo que se habían obtenido de forma ilegal a través de un ataque informático.
La agencia fiscal australiana dijo el lunes que había identificado a 800 contribuyentes particulares de Australia en los datos publicados, y relacionado a más de 120 de ellos con un proveedor de servicios en Hong Kong. El proveedor de servicios en paraísos fiscales no fue identificado.
El subcomisario de la hacienda australiana Michael Cranston, indicó que la agencia trabaja con la Policía Federal Australiana, la Comisión Australiana de Crimen y la agencia de inteligencia financiera del país, Austrac, para comprobar los datos de los documentos.
En los últimos años, el fisco australiano ha aumentado su lucha contra los contribuyentes que no declaran activos e ingresos en el extranjero. La agencia está analizando la filtración de datos y comparándola con las declaraciones tributarias de los contribuyentes, dijo Cranston.
Entre los datos hay algunos contribuyentes que la agencia ya había investigado, y un pequeño número que aprovechó la iniciativa de declaración voluntaria de activos en el extranjero ofrecida por el gobierno en 2014.
«También incluyen un gran número de contribuyentes que no se han presentado antes, incluidos individuos de grandes fortunas, y ya estamos tomando medidas en esos casos», dijo Cranston en un comunicado. «A través de análisis de datos hemos podido identificar patrones como grupos o asesores y contribuyentes particulares para una investigación más profunda».
Mientras tanto, en la vecina Nueva Zelanda, el primer ministro, John Key, rechazó la descripción de su país que hacía el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, al incluirlo entre los 21 paraísos fiscales empleados por Mossack Fonseca.
«Los paraísos fiscales son lugares donde no se publica la información», dijo Key. «Nueva Zelanda tiene plena publicación de la información».
El gobernante dijo que el país tiene las mismas leyes fiscales para fondos de inversión desde 1988, que además recibieron el visto bueno de la OCDE en una revisión de 2013. El país ha ido reforzando sus normas con el tiempo, afirmó.
«Uno no puede evitar que la gente escriba algo que pueda ser objetivamente incorrecto», dijo sobre los reportes en prensa.
El ministro de Ingresos, Michael Woodhouse, dijo que el país no cobra impuestos a los ingresos del extranjero que ganen personas extranjeras, y que esos mismos principios se aplican a los fondos.
«Es ridículo sugerir que Nueva Zelanda sea un paraíso fiscal, ya que los paraísos fiscales prosperan en el secretismo», afirmó en un comunicado.
Sin embargo, el líder de oposición Andre Little dijo que la reputación del país está en juego porque se está convirtiendo en un destino preferido de inversión para empresas extranjeras que quieren mantener sus beneficios libres de impuestos. Un agujero legal, afirmó, permitió a algunos fondos extranjeros evitar cualquier obligación fiscal en Nueva Zelanda y evitar al mismo tiempo la presentación de una declaración de impuestos anual en el país.
«El primer ministro debe tomar medidas urgentes para cerrar este agujero legal para proteger la integridad del sistema fiscal neozelandés y nuestra reputación internacional de honestidad y transparencia», afirmó Little en un comunicado.